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COMPETITIVAD ELEVADA A RANGO CONSTITUCIONAL
SÓLO UNA PLANEACIÓN EQUILIBRADA
NOS PERMITIRÁ UN PROCESO COHERENTE
CON PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR
ANTONIO ORTIZ MENA (re sic)
Mtra. Ivonne Carolina Flores Alcántara <1>
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y gracias al Pacto (por) México, se han realizado las siguientes reformas a la constitución: |
Artículos 3, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 73 (1a reforma)
2da reforma(78, 94 y 105)
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La reforma al artículo 25 constitucional el cual entró en vigor el seis de junio de dos mil trece establece que:[2]
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
...
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.
Con esta reforma se transformó la rectoría del Estado el cual fomentaba la que la planeación nacional se diera a favor de los ciudadanos, con estas modificaciones se fomenta la competencia y protección al sector privado como eje rector de la política nacional, esto responde a las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018[3], el cual establece que para fomentar la competitividad mediante:
1. Movilización de los factores de producción y asignarlos a usos más productivos.
2. Contar con un entorno de negocios propicio, en el que se eviten cargas regulatorias excesivas, exista una competencia plena en sectores estratégicos de la economía.
3. Se brinde garantía jurídica, salvaguardar la integridad física de la población, respaldo a un gobierno eficaz, ágil y moderno.
4. Un Estado capaz de establecer programas y políticas públicas que eleven la productividad a lo largo y ancho del territorio y alcancen todos los sectores de la economía.
5. Se debe garantizar que los ciudadanos hagan uso pleno de su potencial productivo y se beneficien de ello.
6. El Estado implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, con miras a consolidad la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios.
7. El papel fundamental del gobierno debe ser el rector del desarrollo nacional (en atención a su facultad constitucional) y, sobre todo, facilitador de la actividad productiva del país.
Además de que responde a las Recomendaciones de Política entre México y Estados Unidos realizadas por el Wilson Center y The Anninberg Retreat[4] en el cual establece como eje principal:
1.- Fortalecer los lazos entre empresarios para reavivar el diálogo y promover acciones de integración económica regional.
2.- Crear una nueva visión de cooperación energética para Norteamérica, basada en petróleo y gas, estimulando así un ciclo de crecimiento y desarrollo significativo en las tres economías.
Estas modificaciones son contrarias al texto original constitucional, ya que en el artículo 27 constitucional se establecieron los principios de la Rectoría del Estado en el cual establecía que se castigaría severamente toda concentración o acaparamiento en pocas manos en artículos de consumo necesario y protegía a los consumidores (al pueblo mexicano).
Artículo 27.- En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario, y que tenga por objeto obtener el alza de precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación, de cualquiera manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de alguno otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Las definiciones que utiliza en la reciente reforma así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 son ambiguas, mediante el uso de conceptos tales como: competitividad, cooperación, productividad no queda claro exactamente cuál es el espíritu de esta reforma. Por lo cual, es necesario aclarar qué significan tales modificaciones, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que:
Competitividad.
1. f. Capacidad de competir.
2. f. Rivalidad para la consecución de un fin.[5]
cooperación.
(Del lat. cooperatĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de cooperar.[6]
Productividad.
1. f. Cualidad de productivo.
2. f. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc.
3. f. Econ. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. [7]
CONCLUSIONES
Las recientes modificaciones constitucionales las cuales ya entraron en vigor y se espera que el Congreso realice la Ley Reglamentaria, responden a los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos de Política Pública que dictó el gobierno de Estados Unidos; mediante la introducción de eufemismos (competitividad, productividad, cooperatividad) establecen que el eje transversal del actual gobierno es democratizar la productividad mediante el uso eficiente de: recursos productivos.
Los recursos productivos pueden ser empresas privadas o personas (se olvida de la protección de Derechos Humanos).
Se ordena el diseño de políticas públicas que: eleven la productividad de un sector, una región o grupo de población.
Se eliminen las trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía que mejoren la regulación y simplificando la normatividad.
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| Las reformas de Peña Nieto aumentan las condiciones de pobreza. Foto: Armando Salgado |
>Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Asistente de Investigador del Despacho Elvia Arcelia Quintano Adriano; Auxiliar Académico del Seminario de Estudios sobre el Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM; y Traductor Jurídico en Cruz González Abogados S. C.
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