Diario de un Reportero
Ramsés
Ancira
“En
caso de duda debe absolverse. No podrá condenarse a un acusado, sino cuando se
pruebe que cometió el delito que se le imputa”. Artículo 247 del Código Federal
de Procedimientos Penales.
Entre 100 y 250 mil
pesos estimo en la Ciudad de México, el costo de imputar el delito a una
persona con el objetivo de despojarlo de algún bien. Lo primero es conseguir
algún ministerio público que fortalezca una investigación a modo, este quizá le
dé un porcentaje al juez y, luego, hay “policías de investigación” que han
sobrevivido varias administraciones en la Procuraduría, desde que eran policías
judiciales, su tarifa es de unos 20 mil pesos por aprehensión.
Tengo la hipótesis,
que no sería difícil de probar, aunque este no es el espacio ni el momento para
ello, que cada vez más jóvenes que estudian derecho en universidades privadas,
lo hacen con la intención de convertirse en jueces. Esto les garantiza
excelentes salarios de por vida, que los harán recuperar con creces la
inversión.
Una de las mejores
investigaciones documentales sobre la corrupción judicial en México,
Presunto Culpable fue apoyada por instituciones educativas privadas,
pero no debe dejarse de lado el hecho de que Rafael Heredia Rubio, el abogado
que logró la liberación del joven José Antonio Zúñiga, falso inculpado de un
crimen que no cometió, es orgullosamente un egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El escándalo fue
tal que, según consta en Wikipedia: El 2
de marzo de 2011, dos semanas después del estreno de la película, la juez decimosegunda
de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo
Domínguez, ordenó la suspensión provisional de su exhibición, distribución y
promoción.
Muy pocas cosas
cambiaron a raíz de este caso. En el Reclusorio Oriente, ya en la
administración de Miguel Ángel Mancera, las condiciones de hacinamiento, sobre
precios en productos básicos como el agua potable, pago por el derecho de
recibir el “rancho” de las 7 de la noche, o en caso contrario recibir un golpe
con la mejilla inflada, para que no quede cicatriz reportable a derechos
humanos, siguieron siendo una rutina diaria.
De esto he tratado
en el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes Carlos
Montemayor de literatura testimonial. Pero ahora, como reportero al
descubierto, quisiera contribuir a combatir la corrupción del poder judicial.
Multas por 12 mil
pesos que se pueden cubrir con 5 mil pesos de fianza, resultan baratas para
salir de un problema que se creó acaso con un pago de 100 mil por parte de la
acusadora, 100 mil que ella habría recuperado fácilmente, a cambio de quitarme
cámaras de video con ese valor que empleaba en mi trabajo.
Pero resulta que
aun con la desaparición del contrato de los archivos oficiales; de que la
acusadora no cuestionó ese contrato cuando perdió en el juzgado 84 de lo civil;
que reconoció de hecho dicho contrato al expedir recibos de renta durante dos
años; que un perito de la Procuraduría aseguró que no se me podía atribuir la
sobreimposición de esa firma; y que por
el contrario otro perito encontró que la falsificación correspondía a los
rasgos de la firma de la acusadora y no del acusado, un juez dio sentencia de
culpabilidad, la más leve, pero aun acusatoria.
Y si esto le sucede
a una persona que tiene acceso a los medios, a la denuncia pública y publicada
¿Cuántas sentencias se producirán sin apego a derecho que pasan desapercibidas?
¿Cuánto dinero está produciendo la acelerada tendencia a la privatización de la
justicia y del poder judicial?
Por ahora el caso
está a revisión en el Tribunal Superior de Justicia, y las pruebas de que se
trató de una sentencia violatoria del derecho son tantas que es de esperar que
los magistrados la revoquen. Pero si no es así habrá que acudir al amparo o
incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se trata de que
estas cosas no ocurran más, de que el dinero no tuerza la ley y si es posible
se cree jurisprudencia, pues todavía hay miles de casos que no están sujetos a
los esperanzadores procesos de juicios orales; y aún está en proceso la sustitución de firmas
electrónicas en contratos de arrendamiento.
Y mientras un negocio
así prospera, el del falso fraude procesal en beneficio de los latifundistas
urbanos, en la autopista de México a
Puebla, una familia es asaltada después de pagar la cuota de la caseta, la
madre es violada, su hijo de dos años es asesinado a quemarropa, y la hermana,
menor de edad, también es ultrajada ante la impotencia del padre herido.
No puede ser sólo el valor de la camioneta la causa de tanta
saña y crueldad, aun cuando los criminales hayan estado drogados. Se trata de
una advertencia en un país que está a punto de un proceso electoral.
De una manera o de
otra esta acción en la carretera de Puebla es un montaje, además de un asalto y
un asesinato. ¿Qué efecto se quiere lograr?
El que fuera, sino se
toman medidas urgentes para evitar la mercantilización del poder judicial esto
va a seguir ocurriendo. La acumulación original de la riqueza generalmente es
producto de la violencia. El contrato social debe ser garantizado por el poder
judicial, pero si este sigue su tendencia privatizadora las oportunidades
decrecen.
Hoy nuestro
presidente y procurador general, son egresados de la Universidad Panamericana,
una institución cuyo objetivo principal es el lucro. Esta no es la filosofía
que puede estar detrás del gobierno de una nación, de ninguna nación, pero
menos de la mexicana que de ninguna otra.
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